El primer falso positivo del que se tiene información es el de Luis Fernando Lalinde, un joven militante del Partido Comunista, detenido arbitrariamente el 3 de octubre de 1984 en el municipio de Jardín, Antioquia y asesinado por tropas del Ejército. Por este crimen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 1988 al Estado colombiano tras considerarlo responsable de desaparecerlo, torturarlo, asesinarlo y enterrarlo como NN, para luego presentarlo como “miembro de un grupo guerrillero”.
Fabiola Lalinde, su madre, se hizo famosa en Colombia por la Operación Sirirí, como ella denominó a la intensa búsqueda de su hijo. En 1992 encontró parte de los restos de su hijo en zona montañosa de Jardín y cuatro años después pudo inhumarlos luego de la confirmación de su identidad.
Para Cesar Santoyo, director ejecutivo del colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, -organización que lleva casos de familias víctimas de este crimen-, la práctica sistemática de los falsos positivos responde a la doctrina del “enemigo interno”, es decir, a la idea de que se debe aniquilar aquellos “simpatizantes” de la guerrilla y a la guerrilla misma.
En el marco de esa doctrina sucedieron las dictaduras de América Latina desde la década de los años setenta hasta el noventa; pero en Colombia, asegura Santoyo, tocó su cúspide cuando se implementó la Política de Seguridad Democrática durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Navegue en este mapa el número de víctimas y victimarios que la Fiscalía General de la Nación tiene reportados por hechos ocurridos en distintos departamentos del país entre el año 2000 y septiembre de 2022.
Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -que entregó una importante base de datos a la JEP-, recuerda cómo en aquellos años de comienzos de siglo comenzaron a recibir información que los preocupó.
“Nosotros empezamos a recibir denuncias desde el año 2002, sobre todo de población campesina que decía que su padre, su hermano, su hijo, habían sido asesinados y los habían presentado por la televisión como si fueran guerrilleros. Nos preguntábamos, qué estaba pasando, sobre todo, en el oriente de Antioquia”.
“Ahí empezó un proceso de documentación muy serio –agrega Yepes– que se fue extendiendo después a otras zonas. Vimos la necesidad de que todas las personas que tenían denuncias nos reuniéramos. Empezamos a ver que los casos se multiplicaban y que tenían unos modos de actuación muy similares”.
Aunque el primer falso positivo data de 1984, y desde 2002 organizaciones como las que lideran Santoyo y Yepes ya documentaban casos, el fenómeno cobró relevancia pública y mediática en 2008, cuando un grupo de madres del municipio de Soacha, en Cundinamarca, empezó a buscar a sus hijos desaparecidos.
En los espacios policiales y judiciales en los que ponían las denuncias se comenzaron a conocer estas mujeres. Las dramáticas conversaciones las hizo comprender que el caso de cada una de ellas coincidía con el de las demás. Sus hijos habían viajado a Norte de Santander, un departamento a más de 700 kilómetros de Soacha, con la promesa hecha por extraños de ayudarlos a conseguir trabajo.
Pero la realidad mostró su cara más cruel. Los fueron encontrando, uno a uno, como NN en varias regiones nortesantandereanas. La información que les daban a las familias era que habían muerto en combates con el Ejército, “porque eran guerrilleros”.
A través de abogados y organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, las familias lograron demostrar que se trataba de montajes, entre otras cosas, por la torpeza que se evidenciaba en la escena de los crímenes: los cadáveres tenían botas de tallas superiores y al revés; camuflados sin rastros de balas, que no evidenciaban los disparos que habían recibido los jóvenes, lo que hacía presumir que fueron vestidos después del asesinato; armas en la mano contraria a la que la víctima usaba; e, incluso, la conocida historia del joven con discapacidad intelectual, quien también cayó como víctima.
Las denominadas Madres de Soacha empezaron a gritarle al mundo: “Denunciamos que el Ejército colombiano mató a nuestros hijos”. Entonces, cientos de madres, padres y familiares se sumaron a este reclamo a lo largo y ancho del país: sus historias eran semejantes a las de aquellos muchachos del municipio cundinamarqués.
La cifra 6.402 es un número icónico que, como ya se explicó, no es definitivo frente al total de víctimas. La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos expone que entre 1990 y 2015 se cuentan 6.912 civiles víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. No obstante, hoy la cifra puede ser mayor, pero no hay registros oficiales.
Junio 2023, © Todos los derechos reservados