Declaraciones entregadas a la JEP por miembros del Ejército Nacional que han aceptado responsabilidades permiten concluir que con la adopción de la política de Seguridad Democrática adoptada por el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) comenzó una larga cadena de órdenes para que se alcanzaran resultados en la lucha contra la subversión.

Para estimular la búsqueda de esos logros, el Ministerio de Defensa expidió en 2005 una política de recompensas por la captura y abatimiento de integrantes de organizaciones armadas ilegales, lo que presuntamente impulsó a las brigadas militares de diferentes regiones del país a perpetrar falsos positivos con el fin de incrementar sus resultados operacionales.

En este orden, el Comandante General de las Fuerzas Armadas no solo enviaba directrices y las políticas de mando para los cargos inferiores, sino que exigía resultados de los hombres combatientes.

Algunos coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos y cabos han reconocido en las audiencias de la JEP, haber dado y recibido órdenes para un objetivo en común: hacer visible la efectividad del Estado en la lucha contra los grupos guerrilleros.

Entre los testimonios presentados, los uniformados han admitido recibir presiones por parte de los altos mandos para luego replicarlas a soldados de diferentes batallones; legalizar las capturas y asesinatos de civiles inocentes con documentos que decían que eran “guerrilleros”; adicionalmente, ser beneficiados con un sistema de recompensas por el abatimiento de integrantes de organizaciones armadas; y realizar alianzas con paramilitares que entregaban víctimas a los militares.

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