La impunidad ha rodeado esta práctica sistemática desde sus inicios. Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; y Cesar Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, aseguran que desde 2002 denunciaron los extraños casos que se venían presentando, particularmente en Antioquia.
Tanto Yepes como Santoyo explican que desde el gobierno nacional de aquellos años se buscó la forma de minimizar y negar las acusaciones, y aprovechar el tiempo para elaborar maniobras jurídicas desde las que se encubriera a los militares implicados, en especial a los altos mandos.
La forma en la que los gobiernos lo hicieron fue llevando los casos a través de la Justicia Penal Militar. Frente a esto Sebastián Bojacá, Abogado defensor de derechos humanos de la Comisión Colombiana de Juristas, indica: “Son militares juzgando a militares, por conductas que, entre comillas, ellos establecen como propias del servicio. Cuando lo realmente cierto, es que estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos. (...) La justicia penal militar aquí en Colombia contiene un gran margen de impunidad”.
A la pregunta ¿de qué manera exactamente se produce la impunidad en la justicia militar frente a las ejecuciones extrajudiciales? Yepes responde: “Se perdieron muchas pruebas porque, obviamente, si son militares investigando militares que dan una versión amañada de lo que sucedió, entonces muy difícilmente van a tener el esmero y la dedicación de recaudar pruebas que impliquen a sus propios compañeros de tropa”.
Liliana Del Pilar Castillo es directora ejecutiva de la Asociación MINGA, y una de las mujeres que más sabe en el país sobre ejecuciones extrajudiciales. Ha dedicado aproximadamente 14 años a representar víctimas de este crimen. Asegura que en la mesa temática sobre ejecuciones extrajudiciales, conformada por organizaciones de derechos humanos, han concluido que en la justicia ordinaria el nivel de impunidad llega casi al 99% en casos de ejecuciones extrajudiciales. Los datos expuestos de la Fiscalía General son prueba de esto.
Para víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos la Justicia Especial para la Paz ( JEP) creó una expectativa amplia cuando en junio de 2018 decidió abrir el caso 03, denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Quienes llevan investigaciones coinciden en que hay un avance en este escenario por cuenta de algunos reconocimientos de victimarios, pero no logra hacer justicia. “En la JEP lo que estamos advirtiendo es que su diseño está permitiendo que se nos queden muchos casos sin ser judicializados porque se está dando algo que se llama la priorización de casos que a su vez prioriza territorios. (...). Muchos casos ni la JEP los logra priorizar ni la Fiscalía porque está quieta”, indica Castillo.
No obstante, asegura que “no se puede desconocer que la JEP logró que por medio de las versiones voluntarias saliera a la luz lo que probatoriamente duramos entre 10 y 15 años tratando de probar (el asesinato sistemático de civiles)”.
En una cafetería en Medellín el abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, dialoga con la UIP. Desde su experiencia, con víctimas del departamento más golpeado por este crimen - Antioquia- asegura: “Tenemos señas de que la JEP se va a convertir en un mecanismo de impunidad”.
Argumenta que si bien el Sistema Integral para la Paz se construye alrededor de las víctimas, en la JEP, por ejemplo, la participación de ellas en audiencias voluntarias ha sido restringida; y ha sido a partir del litigio de organizaciones que se ha logrado la participación numerosa de las víctimas. Explica, además, que las organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado la relación de más de 280 batallones con las ejecuciones extrajudiciales, y “ la JEP no ha abordado ni el 10% de estas relaciones”.
Cuando se le preguntó a la JEP a través de un derecho de petición ¿qué tanto ha aportado para que las ejecuciones extrajudiciales no queden en la impunidad?, la entidad respondió: “Se han priorizado seis zonas para su investigación: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta (...) Fueron escogidas a partir de la contrastación de la información suministrada por entidades gubernamentales y la sociedad civil, además de las versiones que han entregado los comparecientes. Es de aclarar que no existe, entre los seis subcasos, un orden de prioridad; el desarrollo, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigación”.
Pese a esta priorización de subcasos de forma regional, la JEP reconoce 10 departamentos en los que este crimen cobró el mayor número de víctimas entre 2002 y 2008. Para esta investigación se le pidió a la entidad un registro año a año de las víctimas en cada departamento.
Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos han alzado la voz en todo el país a través de una campaña desde la que se preguntan ¿Quién dio la orden?. En murales, carteles, en las redes sociales la pregunta se popularizó en Colombia desde el año 2020. No hay un acto público en el que las familias víctimas no alcen el famoso diseño.
Este proceso de comunicación de resistencia lo explica Yepes: “La impunidad frente a las ejecuciones extrajudiciales llevó a las víctimas a tratar de demostrar que la justicia institucional no estaba funcionando, para eso se encargaron de sacar y llevar la justicia a las calles. Ese mural, donde están mandos militares que comandaron las principales brigadas; donde cada cual tiene más o menos el número de casos que se perpetraron cuando ejercieron el mando de esas unidades, es un reclamo por justicia: “el Estado no cumplió, el Estado nos falló”.
“El mural ha sido pintado muchas veces, pero el igual número de veces borrado, o sea, las víctimas lo pintan, y no han terminado de pintar en una punta cuando los militares están ya empezando por la otra a borrar. Es un reclamo latente de justicia porque los que dieron la orden todavía no responden, tampoco ante la JEP”, concluye Yepes.
Pero la respuesta está lejos. “El esclarecimiento de verdad en ejecuciones se ha quedado en un nivel bajo; al igual que el establecimiento de responsabilidades y sentencias. No hemos podido avanzar frente al tema de comandantes”, asegura Arboleda de forma contundente. Es decir, si bien muchos militares de bajo rango -en la pirámide de posiciones del Ejército- han aceptado la participación en las ejecuciones extrajudiciales, son muy pocos los altos mandos a quienes se les han iniciado procesos judiciales.
Según la Fiscalía General de la Nación, entre el año 2000 y 2021 fueron indiciados 18.772 miembros de la Fuerza Pública por el delito de homicidio presentado como baja en combate. De ese total, solo 447 han llegado a una etapa de juicio, y 191 a la ejecución de pena. Además, del número de indiciados, 3.890 tiene los casos inactivos.
En la JEP la cuestión tampoco avanza como las víctimas quisieran. En el subcaso Casanare, fueron imputados 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles. Además, 18 exintegrantes del Ejército reconocieron por escrito su responsabilidad en la comisión de 'falsos positivos'.
En el subcaso Antioquia, ocho comparecientes reconocieron por escrito su responsabilidad por 'falsos positivos’ y 10 miembros de la Fuerza Pública fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad.
En los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe se han emitido dos resoluciones de conclusiones, de modo que ya se encuentra en curso el proceso para la imposición de sanciones propias.
Además, la JEP asegura que, a la fecha, 57 miembros de la Fuerza Pública han reconocido su responsabilidad en este crimen y han precisado a qué unidad militar estaban adscritos al momento de los hechos. La cifra, sin embargo, no es alentadora, y evidencia los índices de impunidad que rodean los juzgamientos de las ejecuciones extrajudiciales.
Frente a ese oscuro panorama, la JEP reconoció que, a la fecha en la que respondió un cuestionario para esta investigación (23 de mayo de 2023), “la Jurisdicción Especial para la Paz no ha emitido sentencias en las que se hayan impuesto sanciones propias, alternativas u ordinarias”.
La información no es alentadora; da cuenta de la impunidad que hay en uno de los crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano, y del largo camino que les queda a las familias de las víctimas para encontrar justicia en sus casos.
