Hay más de 6.402 víctimas de desaparición y ejecución extrajudicial en 30 de los 32 departamentos de Colombia. Más de 6.402 familias que luchan para que se reconozca que sus seres queridos no eran guerrilleros y, en consecuencia, no murieron en un combate con el Ejército Nacional, aunque miembros de esta institución así lo hubiesen reportado, luego de desaparecerlos y asesinarlos.

Justicia no se ha hecho, pese a que según datos de la Fiscalía General de la Nación, con fecha de corte a septiembre de 2022, se contaban 18.772 presuntos responsables por hechos ocurridos entre el año 2000 y 2021; y a que en la JEP, hasta mayo de 2023, se contaban 57 miembros de la fuerza pública que habían reconocido su participación en este tipo de crimen. Pero en la justicia ordinaria solo el 2% de las investigaciones llegan a la etapa de juicio, y en la JEP, hasta mayo de 2023, no se habían emitido sentencias para imponer sanciones propias, alternativas u ordinarias a los responsables.

Esta investigación, desarrollada a lo largo de 8 meses, busca las piezas posibles para tratar de construir una radiografía de uno de los crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano -los denominados falsos positivos-, y en el que la impunidad impera a pesar de la lucha de las víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.